Un buen día, te llaman los responsables del Ministerio de Fomento para decirte que necesitan parte de tu finca con la finalidad de construir una carretera y aplicando el sistema de valoración por capitalización de rentas, te corresponden tres euros por el terreno que te van a quitar.
Empiezas a echar números y protestas pero tanto si es declarado de utilidad pública, como sin ser declarado, debes resignarte a pasar por el aro y si no estás de acuerdo, espabílate o aguántate porque te ha tocado la lotería del disgusto más grande de tu vida. Se acaba la carretera, se inaugura y tu aún estás esperando la indemnización del justiprecio, aunque te dan una cantidad adinerada a cuenta y con el paso del tiempo, si tienes un saco de paciencia y un camión para llevarla, acabas por cobrar lo que te quieren pagar.
Pero si accedes a los Tribunales después de un largo procedimiento administrativo y después de 18 años ganas el reconocimiento de tu reglamentaria y fundada protesta, compruebas durante varios años más como las decisiones judiciales son de obligatorio cumplimiento para todos a los que les afecten salvo para el Ministerio de Fomento y el Departamento homólogo de la Generalidad Valenciana que pasan olímpicamente del ordenamiento legal y su cumplimiento.
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